ilgalogo Carta Pública en la
II Cumbre de las Américas

En la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos de gays, lesbianas,
bisexuales y trasgénero en América.
Las personas y organizaciones que suscribimos esta Carta Pública a los Jefes de Estado y Gobiernos reunidos en la II Cumbre de las Américas, en el 50º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmamos que:
    La humanidad ha sido capaz de comprometer a sus naciones hacia el respeto de los derechos básicos para todas las personas y ha desarrollado instituciones democráticas y sociedades civiles en abierta lucha contra las dictaduras y toda otra forma de opresión. La condición fundamental para el desarrollo de la vida política y social en todas las partes es el respeto y protección a los Derechos Humanos y a las libertades básicas.

    En ocasión del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, somos testigos del gran interés de los pueblos y sociedades por los derechos Humanos. La aceptación del derecho de las personas a desarrollar su personalidad, identidad y sexualidad libres de toda coacción y discriminación es una parte fundamental de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Condenamos, por lo tanto, la discriminación y opresión que todavía existen en muchos Estados que han ratificado tanto los convenios Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos como los Económicos, Sociales y Culturales. Estados que mantienen sanciones por causa de la orientación e identidad sexuales.

    Las actitudes de rechazo y discriminación se hallan profundamente arraigadas en el continente, de manera que la inmensa mayoría de gays, lesbianas, bisexuales y trasgéneros, son objeto de una fuerta represión que impide su desarrollo integral, como asímismo mantiene a la sociedad segregada y dividida, contradiciendo la aspiración de igualdad en dignidad y derechos de toda la humanidad.

    En Chile, Nicaragua y Puerto Rico, la homosexualidad aún es penalizada, y aunque existe cierta tolerancia por parte de algunas autoridades, la prohibición supone un obstáculo insalvable para el desarrollo de los Derechos Humanos en la comunidad lésbico-gay de esos países. Es requisito fundamental para el ejercicio de las libertades individuales, la difución de información que desmistifique los prejuicios existentes en la población; del mismo modo, es necesario poner fin a la impunidad que gozan las intervenciones policiales arbitrarias, como redadas y detenciones en lugares públicos o de reunión; y proteger la vida privada de las personas, sancionando legalmente la intromisión y su exposición pública cuando no están relacionadas con los hechos que ameritan sanciones penales.

    En algunos países la homosexualidad no es legal y en otros la ley no se pronuncia, pero el denominador común son las detenciones arbitrarias e imprevistas en lugares de reunión como pubs y discotecas semitoleradas o incluso plenamente legales. Tales acciones represivas suelen ampararse en un concepto equivocado del "control de la moral pública" o tienen como pretexto la acción contra la prostitución, el tráfico de droga o simplemente son arbitrarias. Suelen consistir en detenciones masivas de personas por varios días con trato vejatorio en recintos policiales, multas arbitrarias y extorsiones, aunque usualmente los detenidos son puestos en libertad sin cargos pues no suele haber recurso legal para ello. Por otra parte, la postergación y rechazo se ven agravados cuando se trata de padres y madres homo-bisexuales. El solo hecho de tener una orientación sexual distinta les hace legalmente más vulnerables y su derecho al cuidado de los hijos y las hijas es relativizado debido a la ruptura de las normas que controlan la "moral pública". Puede afirmarse que la situación de discriminación jurídico-legal contra hombres y mujeres homosexuales encuentra su origen, no tanto en las disposiciones penales y civiles que pudieran afectarles, sino en la carencia evidente de normas que les protejan o sancionen la discriminación por orientación sexual.

    Esta situación de discriminación social se ve agravada por la incidencia del VIH/SIDA en esta comunidad. En Latinoamérica, un 48% de los afectados por VIH/SIDA son hombres gays, bisexuales o personas transgénero, tal como se reconoció en la V Conferencia Panamericana de SIDA realizada del 3 al 7 de diciembre de 1997 en Lima, Perú. Hace algún tiempo, la OMS indicó la importancia que tiene la relación entre eutoestima personal y reconocimiento de los derechos de los homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales para el avance de la prevención del SIDA en esta comunidad. Una realidad contraria en la región. Un ejemplo de la discriminación es la falta de programas y campañas específicas a estos grupos humanos, destinados a prevenir la enfermedad por VIH/SIDA.

    La mayoría de los países americanos no ha incorporado, ni protege como garantías constitucionales o derechos esenciales, los aspectos referidos a la libre orientación sexual, como tampoco se ha garantizado el Derecho a la Vida a las persona que viven con VIH/SIDA, ni el acceso a tratamientos adecuados. Se ha experimentado, por lo tanto, un sensible estancamiento frente a los requerimientos y a la evolución de la vida social en el país.

    Por lo anterior, exigimos plena igualdad ante la ley con respecto a la libre orientación sexual y el reconocimiento de los Derechos Sexuales de todas las personas. Exigimos el fin de la represión y las condenas criminales contra ls lesbianas, gays, bisexuales y trasgénero. Exigimos leyes que prohiban la discriminación sin ningún tipo de exclusiones. Confiamos en la inclusión de los derechos de igualdad, para todas las personas y ciudadanos(as), independientemente de la orientación sexual, en todas las leyes nacionales y en todos los nuevos y futuros tratados internacionales de Derechos Humanos.

    Demandamos el acceso a todos los derechos ciudadanos por igual, como son el contrato matrimonial, la sucesión de bienes, el acceso a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo y la privacidad, entre otros. En este sentido, exigimos a los gobiernos la puesta en marcha de políticas y programas que combatan la homofobia y la discriminación institucional y social. Llammos a las autoridades de los Estados y Gobiernos de las Américas a reconocer la diversidad y a reconocernos dentro de ella, promoviendo la reforma de sus constituciones políticas y las leyes de cada país, haciéndolas respetuosas e la dignidad humana. De esta manera se conseguirá un mundo mejor para las futuras generaciones.

Santiago de Chile, 18 y 19 de abril de 1998.

Instituciones y personas que suscriben esta carta pública:

Personas: Nota: Esta Carta Pública fue propuesta original del Consejo Regional de la ILGA-América Latina.

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